Deportación de 82 personas venezolanas en Trinidad y Tobago
Elaborado por: Red de Apoyo Legal para los Refugiados de las Américas (RALRA)
A mediados de abril de 2018, el gobierno de Trinidad y Tobago tomó la decisión de expulsar a 82 personas de nacionalidad venezolana tras haberlas mantenido en detención, entre ellas personas solicitantes de asilo y personas que ya habían manifestado su intención de solicitar refugio.
La Red de Apoyo Legal para los Refugiados de las Américas destaca el comunicado de prensa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el cual manifestó su preocupación tras esta decisión, considerada como un "incumplimiento del Derecho Internacional de Refugiados". Al deportar a estas personas, las autoridades de Trinidad y Tobago no respetaron el principio de non-refoulement (no devolución), ni el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 que requiere que los Estados signatarios "no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada".
Según el Fiscal General de Trinidad y Tobago, todas las personas deportadas se ofrecieron voluntariamente para regresar a su país. Aproximadamente 2000 personas de nacionalidad venezolana solicitaron asilo en Trinidad y Tobago en los últimos meses.
Esta decisión surgió después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptara la Resolución 2/18 sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas en la cual urge a los Estados de la Región atender a estas personas.
En este mismo comunicado, el ACNUR reafirmó su disposición de trabajar de manera conjunta con el gobierno de Trinidad y Tobago tanto para "reforzar su política de asilo y refugio como para apoyar a las comunidades de acogida", siempre proporcionando apoyo y asistencia a las personas en situaciones de vulnerabilidad y con necesidad de protección internacional.