Desplazamiento forzado interno en Guatemala: multicausal y diverso
Elaborado por: Sindy Hernández Bonilla, Investigadora del Subprograma de Movilidad Humana y Dinámicas Migratorias del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, smhernandezb@url.edu.gt.
Aun cuando en Guatemala poco se habla del desplazamiento forzado interno y menos se le reconoce, la realidad es que existen movilizaciones forzadas. Esto se demostró en un diagnóstico nacional publicado recientemente por el Subprograma de Movilidad Humana y Dinámicas Migratorias del Instituto de Investigación y Proyección sobre dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. A continuación, se expondrá una revisión rápida del estudio recién publicado, sin embargo, la versión completa del Diagnóstico del Desplazamiento forzado Interno en Guatemala puede ser descargada en el siguiente enlace.
El estudio plantea que los desplazamientos en Guatemala no pueden entenderse sin considerar ciertos momentos históricos del país, como que en 1985 se establecieron las condiciones para poner fin a la guerra interna, el proceso de la paz entre 1986 y 1987, su negociación y aprobación de los Acuerdos de Paz en 1994, pero que paralelo se aplicaron medidas de ajuste estructural que contribuyeron a profundizar la desigualdad, la pobreza y la fragilidad del Estado: campo fértil para grupos armados, bandas delincuenciales, crimen organizado y narcotráfico; para la reconfiguración de actores y de la violencia.
Más de 30 años han transcurrido desde los atroces y dolorosos hechos que dejó la guerra y 20 años desde que se suscribieron los Acuerdos que aspiraban el fin de los conflictos armados y de la violencia. No obstante, Guatemala es reconocido internacionalmente como violento, no solo por homicidios, por las extorsiones o por la presencia del crimen organizado, sino también por las múltiples violaciones de derechos humanos, realidad que comparte con Honduras y El Salvador.
Si bien el fin de la guerra no significó acabar con la violencia, en Guatemala han descendido las tasas de homicidios desde el máximo registrado por la Policía Nacional Civil (PNC) en 2009, 46 por cada 100,000 habitantes, a 26 en 2017, misma cifra que se registró en 2001, la cual muestra un descenso del 43% respecto al repunte de 2009. Cabe señalar que la tasa de homicidios esta cuatro veces por encima del promedio global sobre homicidios intencionales que mide los niveles de violencia establecido por Naciones Unidas (6.2 por cada 100,000), y que posiciona a Centroamérica y África del Sur como las subregiones más violentas del mundo.
No haber aprovechado los Acuerdos de Paz como marcos referenciales que trazaron rutas para atender las problemáticas sociales del país, hoy se refleja en el deterioro de las condiciones sociales. Las mismas problemáticas continúan y se han agudizado, como la falta de acceso a la salud, educación, vivienda, empleo, y a los medios de vida, especialmente la tierra, que sigue ausente en la agenda nacional. La niñez y la juventud se enfrentan a un contexto que no les brinda bienestar ni les ofrece un futuro digno.
Además del aumento delincuencial y hechos de violencia, la falta de oportunidades locales y la consecuente movilidad social, el crecimiento urbano acelerado y desordenado, las desigualdades económicas, la transformación de la comunidad e importantes cambios en la estructura familiar han contribuido a la proliferación de hogares disfuncionales. En ciertas zonas la mara funciona como familia sustituta de jóvenes, como unidad de pertenencia. El motivo por el que niños y adolescentes se incorporan a estos grupos, obedece al incremento de la pobreza estructural. Comprender y actuar, en relación con fenómenos como éste, implica relacionar varios elementos, verlos en su articulación y dinámicas regionales y globales.
Así, no es de extrañar que en Guatemala ocurran desplazamientos forzosos y sobre todo que sean diversos y multicausales. El informe organiza en tres grandes grupos los motivos que promueven los movimientos forzados en Guatemala. Uno de esos motivos es el por la violencia que comente el crimen organizado, las pandillas y la delincuencia. Un segundo motivo es provocado por ciertos proyectos empresariales de gran escala como la minería, grandes hidroeléctricas o la expansión de la agroindustria y la ganadería; el tercer motivo se refiere a aquellos que ocurren tras eventos naturales o climáticos, como huracanes, tormentas, erupciones, terremotos o sequías e inundaciones.
En el informe se describen las características de cómo, en cada motivo, ocurre el desplazamiento. Identifica a quienes desplazan y a los más vulnerables a estas movilizaciones forzadas. Ubica además geográficamente el lugar en donde tienen origen cada uno de los tres motivos del desplazamiento y en ocasiones el destino de familias o comunidades, sobre todo en aquellos originados por proyectos empresariales y tras eventos climáticos o naturales, dado que por la naturaleza en la que ocurren, suelen ser movimientos más colectivos que individuales.
Quienes huyen de la violencia por lo general no quieren revelar que son desplazados ni explicar por qué lo hacen, contrario a los grupos de familias o comunidades completas que son desalojadas o sufrieron las secuelas de un evento climático, cuya asistencia depende de llamar la atención para recibir apoyos y eventualmente resolver su situación.
Una de las dificultades para estudiar las movilizaciones forzadas, es su alta movilidad. Hay quienes pueden enfrentarse a más de un desplazamiento por motivos distintos. En un inicio las personas se dirigen a lugares cercanos pero si continúan siendo peligrosos, no encuentran oportunidades laborales ni cuentan con familia o amistades que les apoyen, optan por moverse nuevamente, ahora más lejos. Así, estos desplazamientos pueden convertirse en un continuo y a veces en un círculo.
Por ello, en el estudio fue difícil medir o estimar el número de personas que se movilizaron de manera forzada. Además, debido a que en el país no se reconoce como tal este problema, no existen denuncias públicas que permitan cuantificar el fenómeno. Únicamente se dispone de cifras aproximadas de las personas que cambiaron de residencia por razones de violencia que reportan la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2011 y 2014 y la Encuesta sobre Migración Internacional de Personas Guatemaltecas y Remesas 2016, que registra a receptores de remesas que se movilizaron a causa de: criminalidad, violencia intrafamiliar, secuestro o por amenazas derivadas de maras.
El informe plantea además conclusiones y algunas recomendaciones, entre éstas últimas la importancia de que el Estado reconozca la multicausalidad y complejidad de los desplazamientos y, que ante la debilidad de las instituciones públicas, se necesario coordinar esfuerzos complementarios con organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales.
También que debido a las características y orígenes de los desplazamientos forzados, deben atenderse en el marco de una política integral. Se recomienda elaborar mecanismos de atención integral para las personas desplazadas internas, acordes a los Principios Rectores y otros instrumentos internacionales.
Además de reconocer el desplazamiento forzado interno se recomienda crear un registro de personas desplazadas, ya que esto mejoraría: la planificación del territorio; la distribución geográfica de las asignaciones presupuestarias; la elaboración de proyectos habitacionales.
Por otro lado, es necesario prevenir los desplazamientos forzados por eventos naturales y climáticos, ello requiere de ordenamientos territoriales y planificación de asentamientos humanos; planes de acción previa, durante y posterior al evento.
Se necesita retomar la discusión de la problemática agraria, ello precisa considerar y analizar la conflictividad social que generan ciertas actividades de gran escala; elaborar un Acuerdo Nacional que incluyan cambios normativos y transformaciones estratégicas en la asignación del gasto público y que este orientado a erradicar la pobreza, desnutrición, cobertura educativa, empleo digno y prácticas sostenibles de uso del suelo
Mientras tanto, urge incrementar los controles a empresas, para evitar mayores daños y desplazamientos a: constructoras, inmobiliarias, mineras, hidroeléctricas, agroindustriales.