Declaración de sociedad civil sobre personas provenientes de Venezuela que requieren protección nacional e internacional

Más de 50 delegadas y delegados de organizaciones de la sociedad civil de 12 países de las Américas, miembros del grupo de movilidad humana venezolana, reunidos los días 18 y 19 de septiembre de 2018 en la ciudad de Washington, D.C., con el objetivo de construir un plan de acción de la sociedad civil que contribuya a la garantía y goce efectivo de los derechos humanos de las personas que se ven obligadas a salir de Venezuela y que requieren protección nacional e internacional (migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y en riesgo de apatridia), acordamos:

• Reconocer que la salida masiva de personas de Venezuela es motivada por una emergencia humanitaria causada por el rompimiento de la institucionalidad democrática y el estado de derecho, así como violaciones a derechos fundamentales como el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, salud, alimentación, educación, entre otros. Este flujo de personas genera una crisis de movilidad humana con grandes necesidades de protección nacional, internacional y humanitaria para la población afectada.
• Destacar las acciones que han implementado los Estados de las Américas para dar respuesta y soluciones a la situación de personas que requieren protección, sin embargo, evidenciamos que estas han sido insuficientes y en ocasiones restrictivas frente a la magnitud de los flujos de migrantes y personas refugiadas, y se apartan de soluciones en donde prime un enfoque de derechos humanos.
• Resaltar que diversos Estados han llevado a cabo reuniones y espacios para desarrollar respuestas colectivas y soluciones compartidas ante la llegada masiva de personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela a países del continente americano1. Sin embargo, futuros encuentros deberían estar articulados en función del fortalecimiento de los marcos internacionales y regionales de protección ya existentes, en especial la aplicación de la definición ampliada de la condición de refugiado de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, así como las obligaciones bajo la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Alentar a los Estados a regirse por la Resolución 2/18 Migración Forzada de Personas Venezolanas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2 de marzo de 2018 y la Nota de Orientación sobre el Flujo de Venezolanos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de marzo de 2018, en las que se observa que un gran número de personas se han visto forzadas a huir de Venezuela como consecuencia de violaciones a derechos humanos, la violencia e inseguridad, y la persecución por opiniones políticas. Dichos instrumentos presentan argumentos sólidos que abordan en gran parte la crisis de movilidad humana de la población proveniente de Venezuela desde el derecho internacional de las y los refugiados/as y, por tanto, el principio de no devolución, como piedra angular.
• Solicitar a los Estados acoger los principios y obligaciones plasmados en la Declaración conjunta para el desarrollo de una respuesta regional a la llegada masiva de personas venezolanas a países del continente americano de la CIDH, comités, órganos y procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 5 de septiembre de 2018, la cual representa un importante aporte basado en la garantía y protección de los derechos humanos, que incorpora el principio de responsabilidad compartida y presenta medidas concretas para abordar la migración forzada.
• Exigir que los Estados den respuesta a la actual crisis migratoria y de personas refugiadas provenientes de Venezuela a partir de los compromisos y responsabilidades derivadas de los principios y normas de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas del 28 de septiembre de 1954, la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, y los posteriores instrumentos regionales como la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas de 1994, la Declaración y Plan de Acción de México para fortalecer la protección internacional de los refugiados en américa latina del 2004 y Declaración y Plan de Acción de Brasil que establece "un marco de cooperación y solidaridad regional para fortalecer la protección internacional de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas en América Latina y el Caribe", así como la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes de 2016.

1 Como la Reunión del Consejo Andino de Autoridades Migratorias de Colombia, Ecuador y Perú el 29 de agosto de 2018; la Reunión Técnica Regional y Declaración de Quito sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas realizada en Quito, Ecuador, los días 3 y 4 de septiembre de 2018; y la Sesión Extraordinaria convocada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del 5 de septiembre de 2018.

• Instar a los Estados a que la respuesta frente a la migración venezolana tome en consideración los procesos de construcción del Pacto Global sobre Refugiados y el Pacto Global sobre migrantes, y de manera particular los "100 puntos de Brasilia", que señalan iniciativas, experiencias y prácticas llevadas a cabo por uno o más países de América Latina y el Caribe como aportes a los pactos.
• Reconocer como un valioso aporte el pronunciamiento conjunto de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, México y Ecuador, sobre la protección de derechos de las personas venezolanas en movilidad humana y destacamos el rol fundamental de las Defensorías del Pueblo en materia de protección de los derechos humanos de personas migrantes y con necesidad de protección internacional.
• Resaltar que la incorporación de estándares rigurosos en materia de protección nacional e internacional, son un elemento esencial para hacer de esta crisis de movilidad humana venezolana, una ocasión para fortalecer el marco de protección y de garantía de los derechos humanos de todas las personas migrantes y refugiadas en la región, de modo tal que se puedan enfrentar más eficazmente esta y otras problemáticas migratorias, de desplazamientos forzados, de personas con necesidad de protección internacional y en riesgo de apatridia.
• Exigir que los Estados resuelvan las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado/a en un plazo razonable y aplicando tanto la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, su Protocolo 1967, así como la Declaración de Cartagena de 1984. Asimismo, los Estados deben adoptar canales de regularización migratoria de largo plazo que respeten los principios básicos de la no devolución, el acceso a derechos en condiciones de igualdad y no discriminación, el debido proceso, medidas de procedimientos accesibles (sin costos y trabas), flexibles, y expeditos. Esta respuesta contribuye a la reducción de los riesgos de violaciones a los derechos humanos como la trata de personas, la discriminación, la xenofobia y contribuye a una mejor integración de la población migrante y refugiada en las comunidades de acogida.
• Resaltar que la falta de documentación o implementación de medidas restrictivas para el acceso a la nacionalidad de hijos/as de personas extranjeras en un país crean un riesgo de apatridia en la región. Los Estados deben tomar las medidas adecuadas para prevenir este fenómeno, entre ellas, la adopción de las salvaguardas establecidas en la Convención de 1954 y de 1961 sobre apatridia.
• Exigir a los Estados de las Américas reconocer, garantizar y proteger los derechos de las poblaciones particularmente afectadas, y desarrollar planes diferenciados de atención y protección para niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas LGBTI, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes y ROM, así como a toda persona que se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad.
• Notar que es fundamental promover y reconocer la participación directa, diversa, activa y propositiva de organizaciones de migrantes y refugiados/as en la adopción de medidas y planes tanto nacionales como regionales referida a la situación de protección de sus derechos.
• Rechazar de manera vehemente la adopción de medidas regresivas por parte de los Estados, las deportaciones masivas o sin atención al debido proceso, el cierre de fronteras, la politización de la situación de la migración forzada proveniente de Venezuela, la violación al principio de no intervención armada, las prácticas xenófobas y cualquier otro tipo de acción o medidas que ponga en riesgo la vida y dignidad de migrantes y personas refugiadas venezolanas y de las comunidades de acogida.
• Instar a los Estados para que las soluciones que se adopten a esta situación se formulen en el marco del respeto a principios democráticos, así como el diálogo de buena fe que incorpore soluciones pacíficas y duraderas.
• Destacar la respuesta y el esfuerzo de la sociedad civil de la región frente a la grave situación de flujos migratorios y de refugiados/as que, entre otras muchas acciones, ha facilitado el acceso a ayuda humanitaria, servicios básicos, acceso a la justicia, así como la integración local. En seguimiento a ello, y con el objetivo de fortalecer la labor que llevamos a cabo en materia de protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y las personas refugiadas, desarrollamos un Plan de Acción desde la perspectiva de la sociedad civil y nos comprometemos a continuar en la labor de monitoreo, seguimiento e incidencia en políticas públicas destinadas a migrantes y refugiados/as.
• Llamar a los distintos sectores de la sociedad de las Américas y el Caribe a responder de una manera fraterna y solidaria ante la difícil situación que vive el pueblo venezolano.
• Proponer un proceso de diálogo para la elaboración de una respuesta regional y coordinada, en donde prime el principio de la responsabilidad compartida. Este proceso deberá plasmarse en un Plan de Acción en donde participen los Estados involucrados, los organismos internacionales, la sociedad civil, las Defensorías del Pueblo, la población migrante y refugiada, así como todos los actores involucrados.
• Llamar a los donantes a aportar fondos para la respuesta humanitaria, el fortalecimiento de la institucionalidad que logre atender las necesidades de la población y la formulación de soluciones a largo plazo. Recomendamos que en relación con los fondos destinados a resolver esta crisis se cuente con un proceso de planeación para adjudicar recursos, con la participación activa y propositiva de la sociedad civil. La destinación de los fondos debe partir de las buenas prácticas internacionales, las declaraciones de cooperación internacional existentes, así como valorar criterios de proporcionalidad frente a la magnitud de población que acoge cada país, la capacidad de recursos de las comunidades de acogida y la situación de inequidad de los países receptores que dificulta una respuesta integral a migrantes y refugiados/as. La destinación de fondos debe tener un enfoque de derechos y de acción sin daño, que evite comportamientos de rivalidad en comunidades de acogida.

Washington D.C., 19 de septiembre de 2018

Organizaciones firmantes del Grupo de Movilidad Humana Venezolana

Regionales

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Alianza Americas Asylum Access

International Institute on Race, Equality and Human Rights

Latin American Working Group Mercy Corps

Oxfam

Plan Internacional en las Américas

Red de Apoyo Legal para los Refugiados de las Américas (RALRA).

Servicio Jesuita a Refugiados de Latinoamérica y el Caribe (JRS LAC)

Synergía - Initiatives for Human Rights Washington Office on Latin America (WOLA)

Women's Link Worldwide

Nacionales

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina

Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Argentina

Conectas Direitos Humanos, Brasil

Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), Brasil

Missão Paz, Brasil

Serviço Jesuíta a MIgrantes e Refugiados Brasil (SJMR), Brasil

Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, Chile

Caribe Afirmativo, Colombia

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia

Misión Scalabriniana, Ecuador

Visión Democrática, Estados Unidos

Diáspora Venezolana, Estados Unidos

Sin Fronteras IAP, México

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú

Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad, Perú

Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), Perú

Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OMBICA), República Dominicana

Acción Solidaria, Venezuela

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela

Centro de Justicia y Paz - CEPAZ, Venezuela

Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de venezolana, Venezuela

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela

Servicio Jesuita a Refugiados, Venezuela

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, Venezuela

Adhesiones de Organizaciones a la Declaración

A.C. María Estrella de la Mañana, Venezuela

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, México

Acceso a la Justicia, Venezuela ALAPLAF, Venezuela

Alimenta La Solidaridad, Venezuela

Asociación Mujeres en Positivo por Venezuela, Venezuela

Asociación Civil Mujeres en Línea, Venezuela 

Asociación Civil Venezuela en Ecuador AC , Ecuador

Asociación Larense de Planificación Familiar, Venezuela

Asylum Access México (AAMX) A.C. , México 

Aula Abierta, Venezuela

Caracas Mi Convive, Venezuela

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana , Venezuela

Centro de Estudios Migratorios CEM-Ecuador, Ecuador 

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos - PROMSEX, Perú

Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM), Ecuador

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH- RD), República Dominicana

CEPAZ- REDAC, Ecuador

Civilis Derechos Humanos, Venezuela

Clínica Jurídica Alaíde Foppa de Personas Refugiadas, Mexico

Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", Colombia

Colectivo de Género Acción y Política, Ecuador 

Colectivo Kyntiñan, Ecuador

Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia, Venezuela

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Tachira , Venezuela

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Venezuela

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Ecuador

Conciencia Ciudadana A.C , Venezuela 

Convite AC, Venezuela

Defiende Venezuela, Venezuela

Dignidad y Justicia en el Camino A.C, México

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación , Honduras

Espacio Público, Venezuela

EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación, Venezuela

FIAN, México

Fundación Colonia de Venezolanos en República Dominicana, Venezuela

Fundación Ecuatoriana Equidad, Ecuador Fundación Nueva Gobernanza , Colombia

Fundación para la prevención de la violencia domestica hacia la mujer, Venezuela

Hombres por la Equidad e Igualdad, Venezuela 

Humano Derecho Radio Estación, Venezuela

Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en RD (MENAMIRD), República Dominicana

Movimiento Migrantes y Familiares, Ecuador

Monitor Social A.C. (Edo. Nueva Esparta) , Venezuela 

Movimiento de Venezolanos en República Dominicana (MOVERD), República Dominicana

Mujeres Contando, Colectivo de Derechos y Comunicación, Ecuador

Nuvadis, Colombia

Observatorio de derechos humanos de la Universidad de los Andes, Venezuela

Observatorio Venezolano de Prisiones, Venezuela 

Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres, Venezuela 

Oficina Juridica para la Mujer, Bolivia

Redes Ayuda / Humano Derecho, Venezuela 

Organización Diálogo Diverso , Ecuador

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Colombia

Pacto por la Niñez y Adolescencia, Ecuador 

Pastoral Social Cáritas Ecuador, Ecuador 

Paz y Esperanza, Perú

Prepara Familia, Venezuela 

Proiuris, Venezuela

Promoción Educación y Defensa en DDHH, PROMEDEHUM, Venezuela

Propia Cuenta, Venezuela

Proyecta Ciudadanía A.C , Venezuela

Proyecto de Extensión: Visibilización y Educación de los Derechos Humanos de la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo, Venezuela

Psicólogos Sin Fronteras Venezuela, Venezuela 

Red 20/20, Venezuela

Red Venezolana de Mujeres Positivas RVM+, Venezuela

Redes Ayuda, Venezuela

Revista SIC del Centro Gumilla, Venezuela 

Red CLAMOR, Ecuador

Robert F. Kennedy Human Rights, Estados Unidos

Servicio Jesuita a Migrantes, Chile

Servicio Jesuita a Refugiados, Colombia 

Sociedad Hominis Iura (SOHI), Venezuela

Unión Nacional de Educadores UNE , Ecuador

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C, Venezuela

Vicaría de los DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto, Venezuela

Adhesiones de Individuos a la Declaración

Adriana Guerrero , Peru

Aida Mireya Aular Montes, Venezuela

Alberto Fuenmayor , Venezuela

Aldanis Pérez, Uruguay

Alfredo Michelena, Canada

Ana Edith Rojad, Colombia

Ana Maria Matinez , España

Ana Ramirez, Estados Unidos

Ana Yeresa Perez, Venezuela 

Armando Coello, Venezuela 

Bárbara C.Rodríguez A., Chile

Beatriz Elena Prado Osuna, Perú 

Benedicto Cervantes , Ecuador 

Brenda Garrido, Estados Unidos

candida gimenez, Argentina

Carlos Prado, Venezuela

Cristina de Pablo de Pablo, España

Daniela Salazar, Ecuador

Diana Milena Sanmiguel Osorio , Venezuela 

Diana Sanmiguel , Venezuela

Edmirya González , Estados Unidos

Elena Graterol, Ecuador 

Erick Histol, Venezuela

Francisco Marcano., Venezuela-España 

Genoveva Marquez, Estados Unidos 

Graciela Suárez, Estados Unidos 

 Griselda Barroso Morgado, Venezuela 

Hugo Ramón Quintero Gómez, Colombia 

Iruña Urruticoechea, Venezuela

Jean Carlos Guerrero Meléndez, Venezuela 

Jesús Cerrada, Venezuela

Jesús Saavedra, Venezuela

Jorge Luis Caña Guzman , Venezuela 

José Rafael Pineda Segovia, Venezuela 

Judeisy Castro, Perú

Julio Javier Copo Terrés, México 

Karina Rivadeneira Roura, Ecuador

Karinya Francis, Estados Unidos 

Katerinne Díaz, Ecuador

Lisdeth Gonzalez , España

Liz Nazareth Mercado Hurtado, Ecuador 

Lorena Liendo Rey , Venezuela

Lorena Pérez , Ecuador 

Ludmila Palacios, Venezuela

Luis Palma, Venezuela

Luisa Feline Freier, Perú

Luris Velásquez , Estados Unidos 

Ma. Alexandra Sordo , Venezuela 

Magaly Huggins, Venezuela

Maria Pilar Garcia Guadilla, Venezuela 

Maria Rocio Bedoya, Colombia

Mauricio Reyes Betancourt, Colombia

Mercedes De Freitas, Venezuela

Mergui Katherine Ozar Arrabal , Venezuela 

Moirah Sánchez, Uruguay

Octavio De Lamo, Venezuela 

Óscar Mora, Venezuela

Oswaldo Criollo, Ecuador 

Pablo Araújo , Ecuador

Paola Moreno Núñez , Ecuador

Paola Pelletier Quiñones, República Dominicana 

Pedro Quijada, Estados Unidos

Pilar Rivas Castro , Ecuador 

Raiza Sánchez, Venezuela

Ramon Alejandro Ascanio , Venezuela 

Raquel Vidal, Venezuela

Rodolfo Corona, Venezuela 

Rodrigo Varela Torres, Ecuador 

Rogério Aguiar, Colombia 

Ronel Ramos , Venezuela 

Rosario Utreras, Ecuador 

Sabina Capasso, Venezuela

Sonia Hercilia Guanipa Rodríguez, Estados Unidos

Sonia Perez, Venezuela

Susana Romero, Venezuela

Tibisay Betancourt Parra, Venezuela 

Vanessa Cartaya, Venezuela